La frontera de Ceuta: el uso de las personas como arma política por parte de Marruecos

La frontera de la ciudad autónoma de Ceuta se ha transformado en uno de los escenarios más evidentes de las denominadas estrategias híbridas o de «zona gris», donde el fenómeno migratorio desborda su cauce humanitario para convertirse en un instrumento de presión geopolítica. En este enclave, la movilización o el desbordamiento masivo de personas hacia territorio español no responde únicamente a la desesperación económica subyacente en el continente africano, sino a una calculada instrumentalización por parte del Reino de Marruecos. Al utilizar el flujo humano como un arma política asimétrica, Rabat ha descubierto un mecanismo sumamente efectivo para influir en las decisiones soberanas de España y de la Unión Europea sin necesidad de recurrir a un conflicto militar convencional. Cada vez que sucede, en ausencia de una respuesta diplomática fuerte y decida por parte de España, Marruecos se siente más fuerte, y la próxima vez será más grave.

La mecánica de esta coerción diplomática se fundamenta en la manipulación deliberada del grifo fronterizo en función del clima político del momento. Históricamente, cada vez que han surgido discrepancias respecto al estatus del Sáhara Occidental, decisiones judiciales sobre acuerdos comerciales, se ha acogido a algún líder saharaui o por desavenencias en materia de política exterior, la vigilancia policial en el lado marroquí se ha relajado de forma repentina. Esta apertura condicional no es un fallo operativo casual, sino una táctica orientada a generar crisis humanitarias instantáneas en el suelo ceutí (o de Melilla), forzando a Madrid a negociar bajo una situación de emergencia social y mediática que pone a prueba la capacidad de respuesta de las instituciones españolas.

El aspecto más dramático de este uso instrumental de las fronteras radica en su profundo impacto humano y ético, al poner en riesgo la vida de miles de personas, entre ellas numerosos menores de edad. Los ciudadanos marroquíes y subsaharianos son empujados indirectamente a cruzar espigones marítimos en condiciones de extrema peligrosidad para servir como un peón negociador. Esta dinámica sitúa a España y a la propia ciudad de Ceuta en un cruel dilema operativo, donde la obligación legal y moral de socorrer a las personas vulnerables entra en colapso con el imperativo de seguridad nacional y la necesidad de proteger la integridad territorial ante una entrada masiva e irregular, muy cercana a una invasión física.

En última instancia, lo sucedido en Ceuta evidencia la enorme vulnerabilidad estratégica que supone externalizar el control de las fronteras comunitarias en un socio impredecible y no democrático. Para la Unión Europea, no se trata únicamente de un dilema bilateral hispano-marroquí, sino de un desafío directo a la seguridad del espacio Schengen frente a tácticas que distorsionan el Derecho Internacional. Neutralizar esta forma de chantaje geopolítico exige abandonar las respuestas puramente coyunturales y construir una política exterior europea firme, capaz de responder con cohesión ante la instrumentalización de vidas humanas sin renunciar a la protección de los derechos fundamentales. Mientras tanto, la propia UE y España riega con millones de euros a un régimen casi feudal.

ICONA: el legado de una España que aprendió a conservar sus bosques

Hablar del Instituto para la Conservación de la Naturaleza (ICONA) supone adentrarse en uno de los capítulos más importantes de la historia ambiental de España. Creado en 1971 como organismo dependiente del Ministerio de Agricultura, sustituyó a la antigua Dirección General de Montes con el propósito de unificar la política forestal, la conservación de los espacios naturales, la lucha contra la erosión, la restauración hidrológico-forestal y la protección de la fauna. Durante dos décadas, hasta que la descentralización autonómica fue absorbiendo la mayor parte de sus competencias y el organismo desapareció en los años noventa, el ICONA dejó una huella profunda en el paisaje español.

Su labor fue inmensa y, en muchos aspectos, transformadora. El ICONA impulsó la declaración y gestión de numerosos espacios protegidos, promovió programas de conservación de especies amenazadas y desarrolló una política forestal ambiciosa en un país donde buena parte de las montañas sufrían una intensa degradación provocada por siglos de sobreexplotación. Millones de árboles fueron plantados bajo sus planes de repoblación, se construyeron infraestructuras para la prevención de incendios y se recuperaron cuencas hidrográficas especialmente vulnerables a la erosión. Muchas de las masas forestales que hoy consideramos parte natural del paisaje español son, en realidad, fruto de aquellas campañas emprendidas por ingenieros y técnicos del ICONA durante las décadas de 1970 y 1980.

No obstante, el balance del organismo no está exento de controversia. Las grandes repoblaciones forestales recurrieron con frecuencia a especies de crecimiento rápido, como distintos tipos de pinos, sin atender siempre a la diversidad ecológica de los ecosistemas originales. Del mismo modo, algunas actuaciones respondían a una concepción muy tecnocrática del territorio, donde la gestión forestal primaba sobre la realidad social de las comunidades rurales. En determinadas zonas, la creación de montes públicos o espacios protegidos implicó restricciones tradicionales de uso e incluso favoreció procesos de despoblación que todavía hoy forman parte del debate sobre la conservación de la naturaleza en España.

Sin embargo, juzgar al ICONA únicamente desde la sensibilidad ambiental del siglo XXI sería cometer una injusticia histórica. Fue una institución hija de su tiempo, pero también extraordinariamente avanzada en muchos aspectos. Cuando conceptos como biodiversidad o gestión forestal apenas habían penetrado en el discurso político, el ICONA ya trabajaba en la restauración de bosques, la protección de la fauna silvestre y la ordenación racional del territorio. Su desaparición no supuso el fin de su influencia, ya que buena parte de las políticas actuales de conservación, así como numerosos parques nacionales y espacios naturales protegidos, descansan sobre la experiencia técnica y administrativa acumulada por aquel organismo. El paisaje forestal de la España contemporánea, con todas sus virtudes y contradicciones, no puede entenderse sin el legado del ICONA, una institución que contribuyó decisivamente a que el país comenzara a contemplar la naturaleza no solo como un recurso económico, sino también como un patrimonio común que debía ser preservado para las generaciones futuras.

El nacionalismo romántico VI: El eusquera que se habla hoy fue creado durante el franquismo

Siguiendo con las entradas relacionadas con el nacionalismo romántico que asola España, hoy hablaremos de como el eusquera batua -el vasco que se habla hoy en día- fue creado de forma completamente legal y transparente durante la dictadura franquista. Este hecho histórico y documentado es sistemáticamente ocultado por el nacionalismo vasco de forma consciente. Pero vamos a intentar aportar luz sobre un tema realmente interesante. 

Corría el curso 1952-1953 en la Universidad de Salamanca, la última Guerra Civil había quedado ya atrás, y España intentaba recuperarse de un aislamiento internacional brutal que le ahogaba. Parece que en este panorama, el estudio de una lengua regional no podía ser una gran prioridad, pero la creación de la Cátedra Manuel de Larramendi en la Universidad de Salamanca constituyó uno de los episodios más relevantes de la historia de la filología vasca en el siglo XX. Esta institución se convirtió en un espacio excepcional para la investigación científica del eusquera. La iniciativa del rector Antonio Tovar, unida posteriormente a la labor investigadora y docente de Luis Michelena (Koldo Mitxelena), permitió sentar las bases intelectuales que desembocarían en la creación del eusquera batua en 1968, la variedad unificada del idioma vasco que hoy constituye la norma de referencia en la enseñanza, la administración y los medios de comunicación. Lógicamente, esta unificación terminó con la diversidad lingüística del País Vasco y norte de Navarra, pero los nacionalismos centralistas es lo que tienen, tienden a la uniformidad y la homogenización.

La Universidad de Salamanca mantenía desde mediados de la década de 1940 un interés creciente por los estudios lingüísticos relacionados con las lenguas de la Península Ibérica. Antonio Tovar, prestigioso filólogo clásico y rector de la institución entre 1951 y 1956, estaba convencido de que el conocimiento científico de las distintas lenguas hispánicas debía formar parte del patrimonio académico español. Fruto de esta convicción impulsó la creación de la Cátedra Manuel de Larramendi, inaugurada en el curso 1952-1953 y dedicada al estudio de la lengua y la cultura vascas. El nombre elegido rendía homenaje al jesuita Manuel de Larramendi (1690-1766), autor de algunas de las primeras grandes obras gramaticales y lexicográficas sobre el eusquera, publicadas precisamente en Salamanca durante el siglo XVIII.

La originalidad de la nueva cátedra residía en que no se concebía como una plaza docente convencional, sino como un centro de investigación y difusión científica. En lugar de un único titular permanente, la dirección académica invitaba a especialistas nacionales e internacionales para impartir cursos, conferencias y seminarios. La inauguración contó con un ciclo de conferencias de José Miguel de Barandiarán, la principal autoridad de la etnografía vasca, mientras que otros investigadores como Juan Gorostiaga o Karl Bouda participaron también en sus actividades. De este modo, Salamanca se convirtió en uno de los pocos lugares de la España de la época donde el estudio universitario del eusquera podía desarrollarse con normalidad y rigor científico.

Sin embargo, la figura que acabaría identificándose más estrechamente con la Cátedra Manuel de Larramendi fue Luis Michelena, conocido en eusquera como Koldo Mitxelena. En aquellos años Michelena era ya reconocido por los especialistas como el mayor lingüista vasco de su generación. Antonio Tovar comprendió el extraordinario valor científico de Michelena y procuró ofrecerle un marco universitario desde el que pudiera desarrollar su investigación. Gracias a la Cátedra Manuel de Larramendi comenzó a impartir cursos y seminarios en Salamanca, donde encontró acceso a bibliotecas especializadas, contacto con otros investigadores y un ambiente intelectual favorable para el desarrollo de sus trabajos filológicos. Aquella colaboración fue tan fructífera que, años más tarde, Michelena obtendría en la propia Universidad de Salamanca la cátedra de Lingüística Indoeuropea, consolidando definitivamente su carrera académica.

La importancia de este periodo salmantino trasciende la propia historia universitaria. Durante los años que trabajó en Salamanca, Michelena desarrolló buena parte de las investigaciones que cimentaron la moderna lingüística vasca, incluyendo la fonética histórica del eusquera, el estudio comparado de los dialectos, la reconstrucción del protovasco y el análisis de la evolución histórica de la lengua. Su método, basado en el rigor científico de la lingüística histórica y comparada, sustituyó definitivamente las interpretaciones románticas o ideológicas que durante mucho tiempo habían condicionado los estudios sobre el eusquera. La autoridad científica que alcanzó gracias a estas investigaciones sería decisiva pocos años después.

En la década de 1960 los hablantes de eusquera afrontaba un problema debido a la enorme fragmentación dialectal que dificultaba la utilización del eusquera como lengua de enseñanza, de administración y de cultura escrita moderna. Aunque existía una rica tradición literaria, no había una norma común aceptada por todos los hablantes. Consciente de esta necesidad, la Real Academia Vasca de la Lengua (Euskaltzaindia) encargó a Michelena la elaboración de los criterios científicos que permitieran construir una variedad estándar de eusquera. El resultado de ese trabajo fue presentado en el Congreso de Arantzazu de 1968, donde se aprobaron las líneas fundamentales del eusquera batua. Michelena propuso una solución basada no en criterios políticos ni sentimentales, sino lingüísticos. La nueva norma debía apoyarse principalmente en los dialectos centrales, especialmente el guipuzcoano y el navarro, incorporando asimismo elementos del labortano clásico allí donde la tradición literaria lo aconsejara. Esta propuesta fue aceptada por Euskaltzaindia y constituyó el punto de partida del proceso de unificación lingüística que continúa vigente en la actualidad.

Aunque la aprobación oficial del eusquera batua tuvo lugar en el seno de Euskaltzaindia, resulta difícil comprender aquel éxito sin considerar el papel desempeñado durante los años anteriores por la Universidad de Salamanca. La Cátedra Manuel de Larramendi proporcionó a Michelena un espacio de trabajo estable cuando todavía no existían instituciones universitarias vascas capaces de sostener una investigación de semejante nivel. Allí pudo consolidar el prestigio académico que otorgó autoridad a sus propuestas y elaborar gran parte de las herramientas metodológicas que posteriormente serían aplicadas al proceso de normalización lingüística. En este sentido, Salamanca actuó como un auténtico laboratorio científico de la moderna filología vasca. Es decir, el eusquera que ahora se quiere imponer a toda la población que vive en el País Vasco y parte de Navarra, es un producto construido plenamente durante el franquismo. Esto claramente desmonta "la persecución del eusquera" durante el franquismo. Haciendo una comparación burda, ¿se imaginan una cátedra de estudios de hebreo y de cultura judía en la Universidad de Berlín durante la Alemania nazi?

La historia de la Cátedra Manuel de Larramendi demuestra que la universidad puede desempeñar un papel decisivo en la conservación y modernización de las lenguas regionales. La visión de Antonio Tovar permitió crear un espacio de libertad intelectual en circunstancias especialmente difíciles, mientras que el talento científico de Luis Michelena transformó ese espacio en uno de los principales centros internacionales para el estudio del eusquera. De la colaboración entre ambos surgió una tradición investigadora que no solo enriqueció la lingüística vasca, sino que hizo posible la elaboración del eusquera batua, uno de los procesos de estandarización lingüística más exitosos de la Europa contemporánea. La creación de la Cátedra Manuel de Larramendi constituye, por tanto, un ejemplo de cómo la cooperación entre instituciones universitarias y grandes investigadores puede ejercer una influencia duradera sobre el futuro de una lengua y de toda una comunidad cultural. Y sobre todo, la importancia de ignorar cualquier intento de un político de contarnos la historia de nuestra nación, ya que en el 99% de los casos, o nos contará una mentira o una historia tergiversada.

Bibliografía:

Mitxelena, K. (1961). Fonética histórica vasca. Diputación Provincial de Gipuzkoa.

Mitxelena, K. (1981). Lengua común y dialectos vascos. Anuario del Seminario de Filología Vasca Julio de Urquijo (ASJU), 15, 291–313.

Mitxelena, K. (1985). Lengua e historia. Paraninfo.

Tovar, A. (1954). La Cátedra Larramendi de la Universidad de Salamanca. Zumárraga, 3, 11–34.

Villar, F. (Ed.). (1990). Studia Indogermanica et Palaeohispanica in honorem A. Tovar et L. Michelena. Ediciones Universidad de Salamanca.

Lakarra, J. A. (Ed.). (1988–2011). Luis Michelena. Obras completas (15 vols.). Universidad del País Vasco.

Las lenguas regionales durante el franquismo: entre la restricción política y la continuidad cultural

En España existen dos relatos políticos opuestos: el de la prohibición absoluta y el de la plena normalidad de las lenguas regionales españolas durante el franquismo. Como todo relato político, los dos son mentira. Veámoslo.

El franquismo desarrolló una política de primacía exclusiva del español en la administración, la enseñanza general y la vida política, pero al mismo tiempo toleró —y en algunos casos incluso impulsó— determinados espacios de cultivo, estudio y difusión de las lenguas regionales, especialmente a partir de los años cincuenta. La existencia de editoriales monolingües, revistas culturales, cátedras universitarias, ferias del libro y del disco, premios literarios y determinadas manifestaciones públicas constituye una evidencia empírica de que dichas lenguas nunca desaparecieron de la esfera pública legal, aunque permanecieran privadas de reconocimiento oficial.

La política lingüística del primer franquismo fue indudablemente restrictiva. La desaparición de la autonomía catalana y vasca, la eliminación de la oficialidad de las lenguas regionales y la imposición del español como lengua oficial de la administración respondían a la concepción unitaria del Estado propia del nuevo régimen. Sin embargo, la práctica administrativa fue más compleja de lo que a menudo se supone. Ya durante la década de 1940 comenzaron a autorizarse determinadas publicaciones literarias y religiosas en catalán, gallego y vasco. El criterio de las autoridades tendió progresivamente a distinguir entre el empleo político de estas lenguas, considerado potencialmente separatista, y su utilización cultural, histórica, literaria o folclórica, que podía ser aceptada bajo supervisión censora. Este proceso se intensificó a medida que España abandonaba el aislamiento internacional y avanzaba hacia una mayor institucionalización del régimen.

Uno de los indicadores más reveladores de esta evolución fue la existencia de un sistema editorial estable en lenguas regionales. El caso gallego resulta especialmente significativo. En julio de 1950 se constituyó legalmente la Editorial Galaxia, un proyecto concebido explícitamente para asegurar la continuidad de la lengua y la cultura gallegas en las condiciones de la posguerra. Entre sus promotores figuraban Ramón Otero Pedrayo, Ramón Piñeiro y Francisco Fernández del Riego, figuras centrales del galleguismo cultural. Lo relevante para el historiador no es únicamente la existencia de la editorial, sino el hecho de que operara legalmente durante el franquismo, publicando centenares de títulos en gallego y logrando consolidar una red intelectual que atravesó toda la dictadura. Diversos estudios académicos han mostrado que Galaxia actuó como núcleo vertebrador de un auténtico sistema cultural gallego, desarrollando colecciones de ensayo, narrativa, poesía y pensamiento que fueron autorizadas por los mecanismos oficiales de censura. Recordemos que esta censura era obligatoria para cualquier libro, independientemente del idioma utilizado.

La actividad de Galaxia no constituyó un fenómeno aislado. La aparición de Grial, inicialmente como Cadernos Grial, muestra que existía margen para la publicación periódica en gallego. Aunque la revista sufrió prohibiciones temporales, acabó obteniendo autorización para su publicación regular a partir de los años sesenta, convirtiéndose en uno de los principales órganos de reflexión cultural en lengua gallega. El hecho mismo de que una revista de pensamiento y crítica literaria escrita íntegramente en gallego pudiera circular legalmente constituye un dato difícilmente compatible con la idea de una erradicación total de la lengua en la esfera pública.

Cataluña presentó un desarrollo aún más amplio. Durante los años cincuenta y sesenta operaron diversas editoriales dedicadas parcial o totalmente a la publicación en catalán. Se reeditaron clásicos medievales y modernos, aparecieron nuevas colecciones literarias y se consolidó un mercado cultural catalanohablante que permitió la publicación de autores como Josep Pla, Salvador Espriu o Mercè Rodoreda. Igualmente relevante fue la continuidad de revistas culturales en catalán. La más influyente de todas, Serra d'Or, vinculada al monasterio de Montserrat, llegó a convertirse en una referencia intelectual de primer orden dentro de la cultura catalana contemporánea. La existencia de estas publicaciones demuestra que la lengua catalana mantuvo una presencia visible y constante en el ámbito editorial durante buena parte del franquismo. De nuevo, los mitos del nacionalismo catalán y su victimismo típico no coinciden con la realidad de los hechos.

También el vasco encontró espacios legales de supervivencia. Aunque su situación sociolingüística era más frágil debido a la menor extensión de la alfabetización en lengua vasca, continuaron apareciendo publicaciones, reediciones de clásicos y materiales promovidos por instituciones culturales y religiosas. Particular importancia tuvo la continuidad de la labor de la Academia de la Lengua Vasca, Euskaltzaindia, cuya actividad permitió mantener la investigación filológica y preparar el proceso de unificación lingüística que culminaría en la creación del vasco batua. No olvidemos que todo proceso de unificación lingüística supone un proceso de empobrecimiento, ya que la diversidad de variantes se pierde bajo las estrictas normas "lingüísticas". Es decir, toda forma de nacionalismo idiomático tiende a unificar y a "reprimir" la diversidad de hablas de un territorio.

La permanencia de las lenguas regionales en el ámbito académico constituye otro aspecto frecuentemente olvidado. Diversos estudios y testimonios documentan que durante los años cincuenta fueron estableciéndose enseñanzas universitarias relacionadas con el catalán, el gallego y el vasco, incluso en instituciones radicadas en Madrid. Filólogos de prestigio internacional como Antonio Tovar promovieron investigaciones sobre las lenguas peninsulares desde universidades públicas y centros oficiales. La creación de cátedras y cursos especializados revela que el estudio científico de estas lenguas no sólo era posible, sino que en determinados ámbitos recibió respaldo institucional. Este fenómeno resulta especialmente significativo porque muestra una diferencia sustancial entre la exclusión administrativa de las lenguas regionales y su reconocimiento como objeto legítimo de investigación académica.

La vida cultural proporcionó igualmente numerosos espacios de visibilidad. Los premios literarios en catalán recuperaron protagonismo durante los años cincuenta y sesenta. La denominada Nit de Santa Llúcia acabó consolidándose como el principal acontecimiento anual de las letras catalanas. En Galicia proliferaron concursos literarios y actividades culturales vinculadas a la recuperación de la lengua propia. En el País Vasco continuaron celebrándose certámenes de bertsolarismo, actividades corales y encuentros culturales en los que el vasco desempeñaba un papel central. Todo ello configuró una esfera pública cultural diferenciada que coexistía con las limitaciones políticas impuestas por el régimen.

Entre los ejemplos más elocuentes destaca la creación de la Feria del Libro y Disco Vasco de Durango en 1965. Organizada por la asociación Gerediaga, nació expresamente con el propósito de dar a conocer la producción editorial y musical vasca y de servir como punto de encuentro para los vascohablantes. La primera edición reunió a numerosas editoriales y contó con actividades culturales desarrolladas públicamente. Su mera existencia resulta significativa, ya que en pleno franquismo funcionó un evento centrado específicamente en la producción cultural en vasco y en la promoción de la cultura vasca. Con el tiempo se convertiría en el principal escaparate cultural vasco, pero su origen se sitúa inequívocamente dentro del periodo franquista. Seguro que a los partidos identitarios, como al PNV, se le olvida mencionar estos pequeños detalles.

La Iglesia católica desempeñó asimismo una función decisiva. Si durante los años cuarenta predominó el español en la liturgia pública, la evolución posterior, especialmente tras el Concilio Vaticano II, favoreció una creciente utilización de las lenguas vernáculas. Parroquias catalanas, gallegas y vascas comenzaron a celebrar misas, catequesis y actividades pastorales en las lenguas regionales. Dado el enorme peso social de la Iglesia en la España franquista, este fenómeno tuvo una importancia vital para el mantenimiento de estas lenguas. Millones de personas escucharon y utilizaron regularmente sus lenguas regionales en un ámbito institucional plenamente legal.

Otro aspecto poco estudiado es la presencia de estas lenguas en la rotulación y en determinados actos públicos. Aunque la señalización administrativa permaneció esencialmente en español, abundan los programas de fiestas, carteles culturales, publicaciones parroquiales, anuncios de actividades tradicionales y materiales impresos en catalán, gallego o vasco. Existen asimismo testimonios gráficos de visitas oficiales y celebraciones públicas en las que aparecían lemas, inscripciones o elementos decorativos en las lenguas regionales, particularmente cuando se pretendía resaltar el carácter tradicional o histórico de una determinada región. Estos usos no equivalían a una normalización lingüística, pero evidencian que la presencia pública de las lenguas regionales no era inexistente.

Todo ello obliga a matizar profundamente las interpretaciones simplificadoras. El franquismo no reconoció la cooficialidad de las lenguas regionales ni permitió su utilización normal en la administración, la justicia o la enseñanza general. Desde ese punto de vista, la política lingüística del régimen fue claramente centralizadora. Sin embargo, la documentación histórica muestra igualmente que desde finales de los años cuarenta y especialmente durante las décadas de 1950 y 1960 se desarrolló una red de instituciones culturales, editoriales, universitarias y religiosas que permitió la continuidad pública de estas lenguas. Editoriales como Galaxia, revistas como Grial o Serra d'Or, las cátedras universitarias de filología regional, la Feria de Durango, las actividades de Euskaltzaindia y la expansión de la liturgia vernácula constituyen pruebas documentales de que el catalán, el gallego y el vasco mantuvieron una presencia legal y visible en la vida cultural española. La realidad histórica, por tanto, fue la coexistencia de una exclusión política y administrativa con una supervivencia cultural cada vez más sólida, una paradoja que ayuda a explicar por qué estas lenguas llegaron a la Transición con una vitalidad mucho mayor de la que cabría esperar tras casi cuarenta años de dictadura.

La situación de las lenguas catalana, gallega y vasca durante el franquismo fue contradictoria. Existió una política oficial de castellanización del Estado, especialmente intensa en la inmediata posguerra, pero esa política coexistió con espacios crecientes de tolerancia cultural, académica y editorial. El resultado fue un sistema que negó a estas lenguas cualquier reconocimiento político y administrativo, pero que, especialmente desde los años cincuenta, permitió una actividad cultural sorprendentemente amplia para quien sólo conozca la imagen de una prohibición absoluta. La cuestión histórica es que bajo ese régimen -supuestamente represor de estas lenguas- florecieran editoriales monolingües en gallego o catalán, revistas literarias, certámenes, ferias culturales, cátedras universitarias y publicaciones periódicas que utilizaron precisamente las lenguas cuya presencia pública se pretendía limitar. Para terminar, hay que recordar que en el año 1975, último del franquismo, el 30 de mayo de 1975, mediante el Decreto 1433/1975, publicado en el BOE el 1 de julio de ese año, el gobierno franquista autorizó la incorporación de las «lenguas nativas españolas» a los programas de Educación Preescolar y Educación General Básica (EGB). La medida entró en vigor para el curso 1975-1976. Es decir, fue el primero en "imponer" las lenguas regionales a los alumnos de educación primaria.

Todo lo anterior pone de manifiesto el gran nivel de manipulación y simpleza intelectual al que nos someten nuestros políticos. Muchos de ellos personas mal intencionadas (los que saben la verdad de los hechos y los ocultan o los tergiversan) y otros muchos, que son profundos ignorantes incapaces de un debate civilizado y basado en hechos y no en sentimientos u opiniones sesgadas. Toda lengua es una riqueza cultural, y por tanto debe ser conservada, pero si se utiliza como arma política para excluir y discriminar, su valor cultural se transforma en valor político, y es aquí donde se genera el problema.

Bibliografía

Bernabeu, P. J. (2024, 29 de enero). El franquismo creó cátedras de gallego, catalán, euskera. Hoja del Lunes. https://www.hojadellunes.com/el-franquismo-creo-catedras-de-gallego-catalan-euskera/ (Hoja del Lunes)

Casanellas, P. (2021). Evitar «caballos de Troya». Las estructuras provinciales de poder del franquismo ante el resurgimiento del nacionalismo subestatal en Cataluña y el País Vasco (1960-1975). Ayer. Revista de Historia Contemporánea, 123(3), 135-161. https://doi.org/10.55509/ayer/123-2021-06 (Revistas Marcial Pons)

Editorial Galaxia. (s. f.). Editorial Galaxia. Wikipedia, la enciclopedia libre. Recuperado el 17 de junio de 2026, de https://es.wikipedia.org/wiki/Editorial_Galaxia

García Jiménez, J. J. (2023, 14 de septiembre). La lengua catalana durante el franquismo. NTV España. https://ntvespana.com/14/09/2023/la-lengua-catalana-durante-el-franquismo-por-juan-jose-garcia-jimenez/

Martínez Tejero, C. (2017). Parámetros para el estudio de la producción editorial en contextos de dictadura y emergencia cultural. La editorial Galaxia en el período 1951-1973. Revista de Literatura, 79(157), 219-245. https://doi.org/10.3989/revliteratura.2017.01.010 (Revista de Literatura)

Puigjaner, J. M. (1984, 24 de junio). Tres lenguas hispánicas. El País. https://elpais.com/diario/1984/06/24/cultura/456876001_850215.html (El País)

Rodríguez, J. (2012). Las políticas lingüísticas del primer franquismo. Revista de Filología Románica, 29, 123-145. https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4347559.pdf

Cuando Franco decretó la enseñanza en catalán. (2014, 19 de diciembre). Dolça Catalunya. https://www.dolcacatalunya.com/2014/12/cuando-franco-decreto-la-ensenanza-en-catalan/

El catalán ya se enseñaba oficialmente en la escuela franquista. (1982, 25 de septiembre). El País. https://elpais.com/diario/1982/09/25/sociedad/401752814_850215.html

Bibliografía complementaria altamente recomendable

• Benet, J. (1995). L'intent franquista de genocidi cultural contra Catalunya. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
• Núñez Seixas, X. M. (1994). Galeguismo e cultura durante o primeiro franquismo (1939-1960). A Trabe de Ouro.
• Granja, J. L. de la. (2002). El siglo de Euskadi. Tecnos.
• Marfany, J. L. (2001). La llengua maltractada. Empúries.
• Tusell, J. (2005). Dictadura franquista y democracia, 1939-2004. Crítica.
• Martínez Martín, J. A. (Dir.). (2015). Historia de la edición en España (1939-1975). Marcial Pons. (Revista de Literatura)
• Payne, S. G. (2011). El régimen de Franco, 1936-1975. Alianza Editorial.
• Riquer, B. de. (2010). La dictadura de Franco. Crítica.    

¿Dónde se pagan más impuestos en Alemania o en España? ChatGPT nos da una respuesta

Le he preguntado a ChatGPT en qué país se pagan más impuestos, si en España (sexta economía europea por PIB) o en Alemania (primera economía europea). La respuesta está bastante bien encaminada:

Depende de qué métrica uses. La respuesta corta es:

• Alemania suele tener una carga fiscal total más alta que España para trabajadores medios y altos, especialmente por cotizaciones sociales y “cuña fiscal”.

• España tiene menor presión fiscal agregada, pero para muchos salarios el esfuerzo fiscal (lo que cuesta pagar impuestos respecto a la renta disponible) puede sentirse igual o incluso más duro.

Te lo separo por conceptos:

1. Presión fiscal total (impuestos/PIB)

Aquí gana Alemania.

• Alemania: alrededor del 38% del PIB

• España: alrededor del 36-37% del PIB (EFE Noticias)

Eso significa que, como economía, Alemania recauda más impuestos y cotizaciones que España.

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2. IRPF (impuesto sobre la renta)

Aquí depende muchísimo del sueldo y situación familiar.

Rentas medias-altas

Alemania suele cobrar más:

• El tipo marginal máximo alemán ronda el 45% (+ recargo solidaridad e iglesia si aplica).

• En España el marginal máximo puede superar el 50% en varias CCAA. (Reddit)

Pero ojo:

• En Alemania los tipos altos empiezan antes y las cotizaciones sociales son muy elevadas.

• En España los tipos máximos son más altos “sobre el papel”, pero afectan a menos contribuyentes.

Salarios medios

Muchos estudios OCDE muestran que:

• La cuña fiscal (IRPF + cotizaciones trabajador + empresa) es bastante mayor en Alemania.

Por ejemplo:

• Alemania: cerca del 49%

• España: alrededor del 41% para trabajador soltero medio (ElHuffPost)

Aquí Alemania claramente gana en carga total sobre el trabajo.

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3. IVA

Muy parecido.

• Alemania: IVA general 19%

• España: IVA general 21%

En consumo, España grava algo más.

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4. Cotizaciones sociales

Este es el gran punto.

Alemania tiene:

• cotizaciones muy altas,

• seguro médico obligatorio caro,

• pensiones y desempleo más financiados vía nómina.

España también tiene cotizaciones elevadas, pero Alemania suele estar por encima para salarios medios.

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5. Esfuerzo fiscal (lo importante para muchos)

Aquí España sale peor parada.

El “esfuerzo fiscal” intenta medir:

cuánto duelen los impuestos según el nivel de renta.

Porque no es lo mismo pagar:

• un 40% ganando 70.000 €
  que

• un 40% ganando 30.000 €.

España tiene:

• salarios más bajos,

• menor renta disponible,

• vivienda relativamente cara respecto al sueldo.

Por eso muchos economistas sostienen que el esfuerzo fiscal español es alto aunque la presión fiscal total sea menor. (Reddit)

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Resumen rápido

Concepto	Alemania	España
Presión fiscal total	Más alta	Más baja
IRPF rentas medias	Más alto normalmente	Más bajo
IRPF rentas muy altas	Similar o España algo más	Muy alto en algunas CCAA
IVA	19%	21%
Cotizaciones sociales	Mucho más altas	Altas
Cuña fiscal trabajo	Más alta	Más baja
Esfuerzo fiscal percibido	Menor por salarios altos	Mayor por salarios bajos

Conclusión práctica

• Si miras cuánto recauda el Estado y cuánto sale de la nómina, Alemania suele cobrar más.

• Si miras cómo de duro resulta pagar impuestos respecto al sueldo medio, España puede sentirse más pesada fiscalmente por tener salarios bastante menores.

Distributismo IV: Bibliografía sobre el tema

Libros introductorios al distributismo

• Belloc, H. (1912). El Estado servil. Considerada la obra cumbre de Belloc, donde analiza la historia económica europea y acuña el término "distributismo" para proponer la distribución de la propiedad como única alternativa a la esclavitud asalariada.

• Chesterton, G. K. (1910). Lo que está mal en el mundo. Es la primera obra propiamente distributista de Chesterton, donde argumenta que la propiedad es el "arte de la democracia" y defiende la autonomía familiar.

• Chesterton, G. K. (1927). Los límites de la cordura. Recopilación de artículos donde el autor explica de forma pedagógica cómo el capitalismo y el socialismo tienden al monopolio y propone medidas concretas para restaurar la propiedad pequeña.

• Schumacher, E. F. (1973/2011). Lo pequeño es hermoso. Obra fundamental que adaptó los principios distributistas al siglo XX, promoviendo una economía a escala humana, la descentralización y el uso responsable de la tecnología.

Libros y documentos para profundizar en el tema

• Belloc, H. (1936). La restauración de la propiedad. Un texto más específico que detalla las dificultades políticas y las estrategias necesarias para reconstruir la libertad económica en una sociedad proletarizada.

• Díaz Vera, A. (2024). Servidumbre o cristianismo: el pensamiento económico de Hilaire Belloc. Una investigación exhaustiva y reciente que explora los vínculos entre la escolástica española y las teorías distributistas de Belloc.

• León XIII. (1891). Encíclica Rerum Novarum. Documento fundacional de la Doctrina Social de la Iglesia que sirvió de base moral y filosófica para el surgimiento del distributismo al denunciar la miseria de los obreros y defender la propiedad privada como derecho natural.

• McNabb, V. (1933). Nazareth or Social Chaos. Obra que aporta la fundamentación teórica basada en el tomismo y el ideal de la vuelta a la tierra y a la vida sencilla del hogar.

• Pío XI. (1931). Encíclica Quadragesimo anno. Profundiza en los principios de subsidiariedad y solidaridad, proponiendo un nuevo orden social que supere la lucha de clases a través de la cooperación corporativa.

• Sada, D. (2005). Gilbert Keith Chesterton y el distributismo inglés en el primer tercio del siglo XX. Tesis doctoral que ofrece un análisis histórico y académico detallado sobre el origen de la Liga Distributista y sus pilares antropológicos.

• Schumacher, E. F. (1977). A Guide For The Perplexed. Obra que profundiza en la dimensión trascendental y espiritual del ser humano frente al materialismo económico.

Distributismo III: De la teoría a la práctica

El distributismo no nació únicamente como una crítica intelectual al capitalismo y al socialismo, sino como una propuesta con vocación de realidad que buscaba decolver los medios de producción a las personas y a las familias. A lo largo del siglo XX y hasta la actualidad, diversos movimientos y comunidades han intentado aplicar estos principios de propiedad distribuida, subsidiariedad y solidaridad, obteniendo resultados que demuestran tanto la viabilidad del modelo a escala local como sus dificultades para una implementación estatal global. Veamos algunos casos.

Uno de los primeros referentes históricos se encuentra en la propia Inglaterra con la fundación de la Liga Distributista en 1926, la cual promovió el "Programa de Birmingham" en 1932 para establecer comunidades agrarias y talleres artesanales. Un ejemplo concreto de esta época fue la Guilda de St. Joseph and St. Dominic en Ditchling (Inglaterra), una comunidad de artistas y artesanos que vivió bajo los valores de hermandad y servicio, rechazando el maquinismo deshumanizador en favor del trabajo manual responsable. Aunque estas experiencias iniciales fueron minoritarias, sentaron las bases para demostrar que es posible una vida económica centrada en la autonomía familiar y la cooperación gremial.

En América del Norte, el ejemplo más emblemático es el Movimiento del Trabajador Católico (Catholic Worker Movement), fundado en 1933 por Dorothy Day y Peter Maurin. Este movimiento aplicó el distributismo mediante la creación de "Casas de Hospitalidad" y granjas comunitarias para asistir a los desposeídos durante la Gran Depresión. Los resultados de este modelo han sido notables por su longevidad y expansión. De hecho, hoy en día existen más de 240 comunidades locales en Estados Unidos que operan de forma autónoma, sin jerarquías rígidas ni dependencia estatal, centradas en la pobreza voluntaria y la justicia social.

En el contexto español, la aplicación más exitosa del espíritu distributista se halla en el cooperativismo de Mondragón, fundado por el sacerdote José María Arizmendiarrieta. Este modelo ha logrado integrar los factores de capital y trabajo en fórmulas de gestión participativa, convirtiéndose en un referente mundial de cómo una gran corporación puede operar bajo principios de propiedad social y distribución equitativa de beneficios. Asimismo, las fuentes destacan la existencia histórica de numerosas cooperativas agrarias en España que, bajo advocaciones de santos, han servido como ejemplos de continuidad y subsidiariedad en la difusión de la propiedad.

Otras aplicaciones relevantes incluyen el Movimiento Antigonish en Canadá, que impulsó cooperativas locales de crédito y producción, y el Partido Laborista Democrático (DLP) en Australia, que ha mantenido una plataforma política basada en la defensa de la familia y el distributismo como "tercera vía". En tiempos más recientes, conceptos como la "Big Society" en el Reino Unido (2010) intentaron, aunque con resultados dudosos, potenciar a las comunidades locales frente al poder central.

En conclusión, los resultados de la aplicación del distributismo muestran un patrón claro: el modelo es altamente efectivo para generar comunidades resilientes, humanizar el trabajo y proteger la dignidad de la persona en entornos cooperativos y locales. Si bien nunca ha logrado una implantación a nivel estatal, su legado perdura en el éxito de las cooperativas modernas y en movimientos que, como el decrecentismo, hoy buscan alternativas a la desmesura del mercado global basándose en la "belleza de lo pequeño" propugnada por autores como E.F. Schumacher.

El Estado de Bienestar: el mito nórdico

La globalización capitalista supone una tensión grave para los Estados de Bienestar. Un paradigma de estos estados son los países escandinavos (Dinamarca, Noruega, Suecia). Para España, este modelo de Estado de Bienestar fue el arquetipo a seguir, y ya desde los años 80 se intentó instaurar poco a poco. Varias décadas después, vemos como el modelo ha fracasado en un mundo globalizado por el capitalismo, donde las personas son para los grandes capitales una mercancía más. Veamos que ha sucedido en las últimas décadas en estos países escandinavos respecto al "Estado de Bienestar".

El génesis y la arquitectura del Estado de Bienestar Escandinavo

El Estado de Bienestar escandinavo, a menudo denominado el "modelo nórdico" es el resultado de un largo proceso histórico de integración nacional y compromiso de clase que se consolidó durante su "Edad de Oro" entre las décadas de 1950 y 1970. Institucionalmente, se define como un arreglo específico que otorga un peso predominante al Estado sobre el mercado y la sociedad civil en la provisión de servicios y seguros sociales. A diferencia de los modelos liberales (cada uno a lo suyo) o corporativistas (familia y patronos), el modelo escandinavo se distingue por su universalismo, donde el acceso a los beneficios sociales se entiende como un derecho ciudadano individual y no meramente una contraprestación por historial laboral o necesidad extrema. A priori, este modelo parece idílico, una especie de Cielo en la Tierra. Pero en la realidad es que se trata de un contrato de seguro social implícito y extendido, controlado por el Estado. Es decir, cuando se recibe supone una redistribución de recursos de los "afortunados" a los "desafortunados", y antes de recibirlo es una forma colectiva de diversificación de riesgos ante contingencias futuras como la enfermedad, el desempleo o la vejez. Este pacto intergeneracional se apoya en una estructura de una muy alta presión fiscal, donde los impuestos sobre el ingreso laboral financian servicios universales como la salud, la educación y el cuidado de ancianos, asumiendo que una alta participación laboral de ambos sexos mantendrá la viabilidad financiera del sistema. Es decir, el propio Estado de Bienestar necesita tener a mucha gente trabajando para mantenerlo, podríamos hacer un símil entre la rueda del hámster (=estado de bienestar) y el movimiento del hámster (=mantenimiento del estado de bienestar). Históricamente, este modelo ha logrado conciliar una economía de mercado liberal con niveles de igualdad social y cohesión excepcionales, sustentados en una cultura política de alta confianza y consenso. El modelo funciona con políticos honestos y muy cualificados, y con trabajadores con salarios altos que se implican en el mantenimiento de su comunidad política. Estos son dos requisitos imprescindibles, pero ¿qué sucede si en el modelo comienzan a entrar trabajadores procedentes de otros países, o trabajadores cualificados, pero dispuestos a trabajar por salarios más bajos? ¿y si a esto le unimos que los grandes capitales pueden moverse libremente por todo el mundo? Veámoslo.

Globalización y el Choque del Espacio Abierto Europeo

La robustez de este contrato social se ha visto desafiada por la globalización y, más específicamente, por la creación del Mercado Único Europeo y la libre circulación de trabajadores. Históricamente, el modelo escandinavo operaba bajo el supuesto de fronteras controladas y una población relativamente homogénea, pero la integración internacional ha introducido una movilidad asimétrica. Por un lado, la movilidad de las bases impositivas obliga a los Estados a competir fiscalmente, reduciendo los impuestos sobre el capital (más móvil) y concentrando la carga sobre el trabajo (menos móvil), lo que genera distorsiones en el mercado laboral. Es decir, los trabajadores son proporcionalmente los que más carga tienen para mantener el sistema funcionando. De nuevo el hámster no debe parar, mientras que el dueño de la jaula puede irse libremente donde quiera. Por tanto, un requisito es que los salarios del país que sustenta el Estado de bienestar sean -en una proporción importante- "altos". Por otro lado, la ampliación de la Unión Europea en 2004 y 2007 hacia el este de Europa supuso un cambio cualitativo muy importante. Los países escandinavos pasaron de recibir una inmigración laboral controlada a gestionar flujos masivos de trabajadores de baja cualificación atraídos por salarios que, aunque bajos para el estándar nórdico, son significativamente superiores a los de sus países de origen. Este "espacio abierto" rompe el vínculo territorial de los beneficios sociales, ya que bajo las reglas de la UE, los trabajadores pueden exportar subsidios familiares a países con costos de vida inferiores, lo que distorsiona el valor real del beneficio y presiona la legitimidad del sistema ante los contribuyentes nativos. Además, la globalización ha impulsado una descentralización de la negociación salarial, tradicionalmente centralizada en Escandinavia, aumentando las disparidades de ingresos y dificultando el mantenimiento de una estructura salarial comprimida que evite la existencia de "trabajadores pobres". El requisito para mantener el sistema funcionando -salarios relativamente altos- se ha ido al garete, parece que la rueda de la jaula va más lenta.

Consecuencias Fiscales y el "Efecto Imán"

El impacto de estos cambios se manifiesta con mayor crudeza en la sostenibilidad fiscal del modelo. Estudios realizados en Dinamarca mediante el modelo DREAM (Danish Rational Economic Agents Model) -un modelo de proyección a futuro- indican que el impacto fiscal neto de la inmigración depende críticamente del país de origen y la cualificación del inmigrante. Mientras que los inmigrantes occidentales suelen ser contribuyentes netos, los inmigrantes no occidentales (especialmente refugiados y aquellos vinculados a la reunificación familiar) presentan un déficit fiscal persistente debido a sus menores tasas de empleo y jubilación temprana. En 2014, Hansen y colaboradores estimaron que la población no occidental en Dinamarca representaba un costo neto cercano al 1% del PIB. Esta brecha de empleo se ve agravada por lo que la literatura económica denomina el "efecto imán" o factor de atracción (pull factor). Este consiste en que la generosidad de los beneficios universales puede atraer desproporcionadamente a personas con mayores riesgos sociales o menores capacidades de inserción laboral, mientras que la alta carga fiscal puede actuar como un factor de expulsión (push factor) para los trabajadores altamente cualificados y contribuyentes netos. Existe una asimetría de riesgos preocupante, ya que los trabajadores inmigrantes entran en el sistema en épocas de bonanza, pero ante una crisis económica (como la de 2008), tienden a permanecer en el país de acogida percibiendo beneficios de desempleo en lugar de retornar a sus países de origen, convirtiéndose en beneficiarios netos permanentes y desafiando la viabilidad del seguro social. Normalmente, la población que tiene arraigo en un territorio puede verse ayudada por otro "Estado de Bienestar" que ha sido muy depauperado en las últimas décadas: la familia. Esto fue fundamental en la crisis económica de 2008 en países como España. Recordemos que en los países nórdicos los hijos se suelen ir de casa a muy temprana edad -ayudados por el "estado de bienestar"-, haciendo mucho más débiles los vínculos familiares.

El Dilema Progresista y la Erosión de la Cohesión Social

Más allá de las cifras contables, la inmigración masiva y la diversidad cultural plantean un desafío fundamental a la legitimidad normativa del Estado de Bienestar, lo que David Goodhart denominó el "dilema progresista". La solidaridad que sustenta los altos impuestos en Escandinavia se basa tradicionalmente en el sentimiento de "estar en el mismo barco", una cohesión que algunos autores consideran dependiente de la homogeneidad cultural. Cuando el Estado de Bienestar empieza a percibirse como un sistema donde "nosotros" pagamos para que "ellos" reciban, el consenso social se erosiona. En Dinamarca y Noruega, esto ha facilitado la movilización política de partidos de derecha populista que utilizan el "chovinismo de bienestar" para argumentar que los recursos limitados del Estado deben reservarse exclusivamente para los ciudadanos nativos o residentes de larga duración. Por ejemplo, en España está pasando algo parecido con el concepto de "prioridad nacional", que alude a este tema que ya lleva muchos años siendo un problema en otros países.

La fragmentación social también afecta a los partidos socialdemócratas, que se ven atrapados entre sus valores de solidaridad internacional y la necesidad de proteger la sostenibilidad del modelo para su base electoral tradicional de clase trabajadora. El riesgo es la aparición de una "subclase étnica" marginada del mercado laboral y dependiente de subsidios, lo que no solo crea tensiones sociales sino que debilita el contrato social intergeneracional al quebrar la premisa de que todos los ciudadanos capaces deben contribuir mediante el trabajo. Si un porcentaje alto de los trabajadores ven reducidos sus salarios, y además una parte importante del mismo va a parar a otras personas, esos trabajadores se preguntarán ¿dónde está ese Estado del Bienestar?

Respuestas Institucionales: De la Universalidad a la Condicionalidad

Para corregir estas distorsiones y salvaguardar el modelo, países como Dinamarca han liderado una transición desde el universalismo puro hacia una mayor condicionalidad y activación. Se han introducido requisitos de residencia estrictos para acceder a la totalidad de los beneficios sociales. Por ejemplo, en Dinamarca, actualmente se requiere haber residido 9 de los últimos 10 años para calificar para la asistencia social completa (kontanthjælp), recibiendo en caso contrario beneficios de integración reducidos (entre el 50% y 80% del nivel estándar) (Andersen 2025). Asimismo, se han reforzado las políticas de "Workfare", vinculando la recepción de subsidios a la participación obligatoria en programas de formación, búsqueda activa de empleo o trabajos comunitarios, con el fin de mejorar la integración laboral de los inmigrantes. Algunos expertos sugieren que para que el modelo sea "robusto ante la inmigración", se deben establecer tres pilares: 1) elevar los estándares mínimos salariales para evitar el dumping social financiado indirectamente por el Estado, 2) transformar los subsidios en servicios en especie (como cuidado infantil gratuito en lugar de cheques en efectivo exportables) y 3) hacer que el seguro de ingresos dependa más de la participación activa. Estas medidas, aunque controvertidas por alejarse del principio de igualdad absoluta, se presentan como una estrategia necesaria para evitar un desmantelamiento general del Estado de Bienestar y preservar la generosidad del sistema para los residentes permanentes ante las presiones de un mundo globalizado. Recordemos que ningún sistema es bueno si ese sistema no es mínimamente sostenible en el tiempo, de no serlo terminará desapareciendo completamente.

Caso español

En contraste con el modelo escandinavo, el Estado de bienestar español enfrenta un problema estructural de precariedad laboral caracterizado por una de las tasas más altas de "trabajadores pobres" (aquellos en riesgo de pobreza a pesar de tener empleo), superando el 12% según datos de 2019. Aunque España muestra una brecha de empleo muy pequeña entre la población nativa y la inmigrante de fuera de la UE (apenas 3-4 puntos porcentuales), lo que sugiere una incorporación más rápida de los extranjeros al mercado de trabajo que en el norte de Europa, esto ocurre bajo un intercambio o trade-off donde se acepta una mayor desigualdad salarial y precariedad a cambio de un gran volumen de empleo. Es decir, España ha apostado por la mano de obra barata y masiva. Esto implica un grave problema social cuando la economía deja "de ir bien", ya que esa población carece del "estado de Bienestar" familiar y va a depender del "Estado de Bienestar" estatal.

Conclusión

Todo lo anterior nos muestra la complejidad de estos modelos económicos-sociales y como las simplezas de nuestros políticos, tanto de corte "progresista" como de corte "conservador", hacen imposible un análisis lo más objetivo posible de los problemas que atañen a los "países occidentales" en un mundo globalizado capitalista. De hacer sostenibles estos sistemas depende su futuro.

Bibliografía

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• Andersen, T. M. (2025). Migration and the Nordic welfare model (CESifo Working Paper No. 11955). Ifo Institute – Leibniz Institute for Economic Research at the University of Munich.
• Bratsberg, B., & Røed, K. (2015). The Nordic welfare model in an open European labor market (IZA Policy Paper No. 109). IZA – Institute for the Study of Labor.
• Brochmann, G., & Hagelund, A. (2011). Migrants in the Scandinavian welfare state: The emergence of a social policy problem. Nordic Journal of Migration Research, 1(1), 13–24.
• Grødem, A. S. (2022). Scandinavian social democrats facing the ‘progressive dilemma’: Immigration and welfare states in left-of-centre party programs. Nordic Journal of Migration Research, 12(2), 223–239. https://doi.org/10.33134/njmr.351.
• Hansen, M. F., Schultz-Nielsen, M. L., & Tranæs, T. (2017). The fiscal impact of immigration to welfare states of the Scandinavian type. Journal of Population Economics, 30(3), 925–952. https://doi.org/10.1007/s00148-017-0636-1.
• Kettunen, P., & Petersen, K. (2009). Introduction: The past and future of the Nordic welfare state. Nordic Historical Review (Revue d’Histoire Nordique), (9), 19–25. https://doi.org/10.3917/rhn.009.0019.

El nacionalismo romántico IV: las contradicciones del PNV

Los homenajes anuales del Partido Nacionalista Vasco a Sabino Arana —en fechas como su nacimiento, su muerte o la fundación del propio partido— constituyen un elemento central de su ritual político-identitario. Más allá de su dimensión conmemorativa, estos actos cumplen una función simbólica: refuerzan una narrativa de continuidad histórica que presenta al PNV como heredero legítimo de un “padre fundador” cuya figura se mantiene como referencia moral y política. Sin embargo, esta persistencia conmemorativa plantea serios problemas desde una perspectiva crítica y académica, especialmente cuando se confronta con los discursos públicos del propio partido sobre memoria, perdón y responsabilidad histórica. El principal problema del PNV radica en el desfase entre la idealización ritual de Sabino Arana y el contenido real de su pensamiento. Arana no fue simplemente un producto de su tiempo, sino un ideólogo que formuló de manera explícita posiciones misóginas, xenófobas, racistas y profundamente excluyentes. Estas no son notas marginales de su obra, sino elementos estructurales de su concepción del “pueblo vasco”, entendido como una comunidad moralmente superior, cerrada y definida por la genealogía, la religión y el rechazo del “otro”. Los homenajes del PNV tienden a neutralizar este legado mediante una operación simbólica de despolitización selectiva, en la que se exalta al fundador como icono identitario mientras se silencian o relativizan los aspectos más incompatibles con los valores democráticos contemporáneos. Esta práctica resulta especialmente problemática cuando el PNV —como otros actores políticos— exige a terceros un ejercicio de memoria crítica, reclamando perdón por “pecados” históricos, condenas explícitas del pasado o la retirada de homenajes a figuras vinculadas al autoritarismo, la dictadura o la violencia política. Desde un punto de vista normativo, esta exigencia es legítima. Sin embargo, se vuelve internamente contradictoria cuando el propio partido mantiene homenajes institucionales a una figura cuyo pensamiento vulnera de manera clara principios hoy considerados irrenunciables, como la igualdad de género, la no discriminación y la ciudadanía inclusiva.

La contradicción no es meramente ética, sino también teórica. Si se sostiene que ciertos homenajes son inaceptables porque legitiman valores antidemocráticos, entonces el criterio no puede depender de la adscripción identitaria del homenajeado, sino del contenido de su legado. Defender una memoria selectiva, indulgente con los “propios” y severa con los “otros”, implica reducir la política de la memoria a un instrumento de legitimación partidista, no a un ejercicio honesto de reflexión histórica. En este sentido, el mantenimiento de homenajes a Sabino Arana revela una incapacidad para aplicar al propio pasado los estándares morales que se exigen a los demás.

Desde una perspectiva más amplia, estos homenajes muestran la persistencia de un núcleo romántico en la cultura política del PNV, donde la figura del fundador opera como mito de origen y no como objeto de análisis crítico. El romanticismo político, al sacralizar a los padres fundadores, dificulta la revisión racional de sus ideas y convierte la memoria en liturgia. Así, Arana es conmemorado no tanto por lo que pensó y escribió, sino por lo que simboliza. Es, para los nacionalistas del PNV, la encarnación de un “espíritu del pueblo” que sigue funcionando como referente identitario, aun cuando sus formulaciones concretas resulten hoy éticamente indefendibles.

En conclusión, los homenajes anuales del PNV a Sabino Arana evidencian una tensión no resuelta entre memoria, identidad y democracia. Mientras el partido reclama a otros una ruptura simbólica con pasados considerados inaceptables, mantiene una relación reverencial con un fundador cuyo pensamiento contiene elementos claramente misóginos, xenófobos y excluyentes. Esta incoherencia no solo debilita la autoridad moral de sus demandas de perdón y condena histórica, sino que pone de manifiesto los límites de una política de la memoria que sigue subordinada al mito y no a la crítica. Por desgracia, este tipo de partidos con cimientos del romanticismo político están determinando desde hace décadas las políticas generales, lo que indica el grado de degradación moral y falta de modernidad de la política española.

El nacionalismo romántico III: los orígenes del Partido Nacionalista Vasco

El origen y la fundación del Partido Nacionalista Vasco (PNV) están inseparablemente ligados al ideario de Sabino Arana y a las tensiones sociales, culturales y políticas de la sociedad vasca de finales del siglo XIX. El PNV no surge como un partido moderno en sentido pleno, sino como la institucionalización política de un romanticismo identitario que reaccionaba contra la industrialización acelerada, la inmigración obrera y la integración del País Vasco en el Estado liberal español tras la abolición de los fueros. Fundado en 1895, el PNV nació con una vocación marcadamente excluyente, coherente con la concepción esencialista de la nación defendida por Arana. En sus primeros estatutos y prácticas, la pertenencia al partido estaba condicionada por criterios de origen familiar y “pureza” identitaria, expresados en la exigencia de apellidos vascos como signo de pertenencia auténtica al “pueblo vasco”. Esta exigencia no era meramente simbólica, en realidad reflejaba una concepción de la nación basada en la genealogía y no en la adhesión política, lo que situaba al PNV primitivo más cerca de una comunidad étnico-moral que de un partido político moderno.

Desde una perspectiva crítica, este rasgo revela una grave limitación democrática en los orígenes del partido. La exclusión de quienes no cumplían los criterios de origen —incluidos trabajadores inmigrantes plenamente integrados en la sociedad vasca— muestra cómo el nacionalismo aranista transformó el “espíritu del pueblo” en un principio de cierre social. El PNV inicial no aspiraba a representar a la sociedad vasca existente, sino a depurarla simbólicamente, separando a los “auténticos” vascos de los considerados ajenos o elementos contaminadores. Este planteamiento tan terrorífico evidencia la influencia directa del romanticismo político, donde la nación se concibe como un organismo natural que debe ser protegido, no como una construcción política abierta. En un símil biológico, sería una especie en peligro que no debe cruzarse o juntarse con otros genes que podrían degradarla.

Históricamente, el desarrollo del PNV estuvo marcado por una tensión constante entre este legado ideológico y las exigencias prácticas de la política real. A medida que el partido fue creciendo y participando en instituciones, especialmente durante el primer tercio del siglo XX, se vio obligado a moderar muchos de sus postulados más radicales y racistas. La exigencia de apellidos vascos fue abandonada progresivamente, no tanto por una revisión teórica profunda, sino por la imposibilidad de sostener un proyecto político viable sobre bases tan restrictivas en una sociedad plural y cambiante. Sin embargo, esta evolución no eliminó del todo la huella de sus orígenes. El PNV mantuvo durante décadas una concepción orgánica y culturalista de la nación, donde la identidad colectiva seguía ocupando un lugar prioritario frente a la ciudadanía política. Desde un análisis histórico-crítico, puede afirmarse que el partido logró adaptarse a la modernidad institucional sin resolver plenamente la contradicción entre su origen romántico-excluyente y los principios del pluralismo democrático.

En conclusión, los orígenes y la fundación del PNV representan un caso paradigmático de cómo un movimiento político nacido del romanticismo del “espíritu del pueblo” puede transformarse en un actor central de la política moderna sin desprenderse completamente de sus presupuestos iniciales excluyentes y racistas. El requisito de los apellidos vascos y la concepción étnica de la militancia no son meras anécdotas históricas, sino síntomas de un nacionalismo que, en sus comienzos, entendió la nación como herencia y no como proyecto. Analizar críticamente esta trayectoria permite comprender tanto la evolución del PNV como los límites estructurales del nacionalismo romántico en contextos democráticos contemporáneos. En la actualidad, el PNV ha abandonado el uso directo de la "raza vasca" y lo ha cambiado por "la lengua propia", pero en el fondo el uso es el mismo, utilizarlo como ariete político frente al diferente, es decir "el no vasco".