Hablar del Instituto para la Conservación de la Naturaleza (ICONA) supone adentrarse en uno de los capítulos más importantes de la historia ambiental de España. Creado en 1971 como organismo dependiente del Ministerio de Agricultura, sustituyó a la antigua Dirección General de Montes con el propósito de unificar la política forestal, la conservación de los espacios naturales, la lucha contra la erosión, la restauración hidrológico-forestal y la protección de la fauna. Durante dos décadas, hasta que la descentralización autonómica fue absorbiendo la mayor parte de sus competencias y el organismo desapareció en los años noventa, el ICONA dejó una huella profunda en el paisaje español.
Su labor fue inmensa y, en muchos aspectos, transformadora. El ICONA impulsó la declaración y gestión de numerosos espacios protegidos, promovió programas de conservación de especies amenazadas y desarrolló una política forestal ambiciosa en un país donde buena parte de las montañas sufrían una intensa degradación provocada por siglos de sobreexplotación. Millones de árboles fueron plantados bajo sus planes de repoblación, se construyeron infraestructuras para la prevención de incendios y se recuperaron cuencas hidrográficas especialmente vulnerables a la erosión. Muchas de las masas forestales que hoy consideramos parte natural del paisaje español son, en realidad, fruto de aquellas campañas emprendidas por ingenieros y técnicos del ICONA durante las décadas de 1970 y 1980.
No obstante, el balance del organismo no está exento de controversia. Las grandes repoblaciones forestales recurrieron con frecuencia a especies de crecimiento rápido, como distintos tipos de pinos, sin atender siempre a la diversidad ecológica de los ecosistemas originales. Del mismo modo, algunas actuaciones respondían a una concepción muy tecnocrática del territorio, donde la gestión forestal primaba sobre la realidad social de las comunidades rurales. En determinadas zonas, la creación de montes públicos o espacios protegidos implicó restricciones tradicionales de uso e incluso favoreció procesos de despoblación que todavía hoy forman parte del debate sobre la conservación de la naturaleza en España.
Sin embargo, juzgar al ICONA únicamente desde la sensibilidad ambiental del siglo XXI sería cometer una injusticia histórica. Fue una institución hija de su tiempo, pero también extraordinariamente avanzada en muchos aspectos. Cuando conceptos como biodiversidad o gestión forestal apenas habían penetrado en el discurso político, el ICONA ya trabajaba en la restauración de bosques, la protección de la fauna silvestre y la ordenación racional del territorio. Su desaparición no supuso el fin de su influencia, ya que buena parte de las políticas actuales de conservación, así como numerosos parques nacionales y espacios naturales protegidos, descansan sobre la experiencia técnica y administrativa acumulada por aquel organismo. El paisaje forestal de la España contemporánea, con todas sus virtudes y contradicciones, no puede entenderse sin el legado del ICONA, una institución que contribuyó decisivamente a que el país comenzara a contemplar la naturaleza no solo como un recurso económico, sino también como un patrimonio común que debía ser preservado para las generaciones futuras.
