El Estado de Bienestar: el mito nórdico

La globalización capitalista supone una tensión grave para los Estados de Bienestar. Un paradigma de estos estados son los países escandinavos (Dinamarca, Noruega, Suecia). Para España, este modelo de Estado de Bienestar fue el arquetipo a seguir, y ya desde los años 80 se intentó instaurar poco a poco. Varias décadas después, vemos como el modelo ha fracasado en un mundo globalizado por el capitalismo, donde las personas son para los grandes capitales una mercancía más. Veamos que ha sucedido en las últimas décadas en estos países escandinavos respecto al "Estado de Bienestar".

El génesis y la arquitectura del Estado de Bienestar Escandinavo

El Estado de Bienestar escandinavo, a menudo denominado el "modelo nórdico" es el resultado de un largo proceso histórico de integración nacional y compromiso de clase que se consolidó durante su "Edad de Oro" entre las décadas de 1950 y 1970. Institucionalmente, se define como un arreglo específico que otorga un peso predominante al Estado sobre el mercado y la sociedad civil en la provisión de servicios y seguros sociales. A diferencia de los modelos liberales (cada uno a lo suyo) o corporativistas (familia y patronos), el modelo escandinavo se distingue por su universalismo, donde el acceso a los beneficios sociales se entiende como un derecho ciudadano individual y no meramente una contraprestación por historial laboral o necesidad extrema. A priori, este modelo parece idílico, una especie de Cielo en la Tierra. Pero en la realidad es que se trata de un contrato de seguro social implícito y extendido, controlado por el Estado. Es decir, cuando se recibe supone una redistribución de recursos de los "afortunados" a los "desafortunados", y antes de recibirlo es una forma colectiva de diversificación de riesgos ante contingencias futuras como la enfermedad, el desempleo o la vejez. Este pacto intergeneracional se apoya en una estructura de una muy alta presión fiscal, donde los impuestos sobre el ingreso laboral financian servicios universales como la salud, la educación y el cuidado de ancianos, asumiendo que una alta participación laboral de ambos sexos mantendrá la viabilidad financiera del sistema. Es decir, el propio Estado de Bienestar necesita tener a mucha gente trabajando para mantenerlo, podríamos hacer un símil entre la rueda del hámster (=estado de bienestar) y el movimiento del hámster (=mantenimiento del estado de bienestar). Históricamente, este modelo ha logrado conciliar una economía de mercado liberal con niveles de igualdad social y cohesión excepcionales, sustentados en una cultura política de alta confianza y consenso. El modelo funciona con políticos honestos y muy cualificados, y con trabajadores con salarios altos que se implican en el mantenimiento de su comunidad política. Estos son dos requisitos imprescindibles, pero ¿qué sucede si en el modelo comienzan a entrar trabajadores procedentes de otros países, o trabajadores cualificados, pero dispuestos a trabajar por salarios más bajos? ¿y si a esto le unimos que los grandes capitales pueden moverse libremente por todo el mundo? Veámoslo.

Globalización y el Choque del Espacio Abierto Europeo

La robustez de este contrato social se ha visto desafiada por la globalización y, más específicamente, por la creación del Mercado Único Europeo y la libre circulación de trabajadores. Históricamente, el modelo escandinavo operaba bajo el supuesto de fronteras controladas y una población relativamente homogénea, pero la integración internacional ha introducido una movilidad asimétrica. Por un lado, la movilidad de las bases impositivas obliga a los Estados a competir fiscalmente, reduciendo los impuestos sobre el capital (más móvil) y concentrando la carga sobre el trabajo (menos móvil), lo que genera distorsiones en el mercado laboral. Es decir, los trabajadores son proporcionalmente los que más carga tienen para mantener el sistema funcionando. De nuevo el hámster no debe parar, mientras que el dueño de la jaula puede irse libremente donde quiera. Por tanto, un requisito es que los salarios del país que sustenta el Estado de bienestar sean -en una proporción importante- "altos". Por otro lado, la ampliación de la Unión Europea en 2004 y 2007 hacia el este de Europa supuso un cambio cualitativo muy importante. Los países escandinavos pasaron de recibir una inmigración laboral controlada a gestionar flujos masivos de trabajadores de baja cualificación atraídos por salarios que, aunque bajos para el estándar nórdico, son significativamente superiores a los de sus países de origen. Este "espacio abierto" rompe el vínculo territorial de los beneficios sociales, ya que bajo las reglas de la UE, los trabajadores pueden exportar subsidios familiares a países con costos de vida inferiores, lo que distorsiona el valor real del beneficio y presiona la legitimidad del sistema ante los contribuyentes nativos. Además, la globalización ha impulsado una descentralización de la negociación salarial, tradicionalmente centralizada en Escandinavia, aumentando las disparidades de ingresos y dificultando el mantenimiento de una estructura salarial comprimida que evite la existencia de "trabajadores pobres". El requisito para mantener el sistema funcionando -salarios relativamente altos- se ha ido al garete, parece que la rueda de la jaula va más lenta.

Consecuencias Fiscales y el "Efecto Imán"

El impacto de estos cambios se manifiesta con mayor crudeza en la sostenibilidad fiscal del modelo. Estudios realizados en Dinamarca mediante el modelo DREAM (Danish Rational Economic Agents Model) -un modelo de proyección a futuro- indican que el impacto fiscal neto de la inmigración depende críticamente del país de origen y la cualificación del inmigrante. Mientras que los inmigrantes occidentales suelen ser contribuyentes netos, los inmigrantes no occidentales (especialmente refugiados y aquellos vinculados a la reunificación familiar) presentan un déficit fiscal persistente debido a sus menores tasas de empleo y jubilación temprana. En 2014, Hansen y colaboradores estimaron que la población no occidental en Dinamarca representaba un costo neto cercano al 1% del PIB. Esta brecha de empleo se ve agravada por lo que la literatura económica denomina el "efecto imán" o factor de atracción (pull factor). Este consiste en que la generosidad de los beneficios universales puede atraer desproporcionadamente a personas con mayores riesgos sociales o menores capacidades de inserción laboral, mientras que la alta carga fiscal puede actuar como un factor de expulsión (push factor) para los trabajadores altamente cualificados y contribuyentes netos. Existe una asimetría de riesgos preocupante, ya que los trabajadores inmigrantes entran en el sistema en épocas de bonanza, pero ante una crisis económica (como la de 2008), tienden a permanecer en el país de acogida percibiendo beneficios de desempleo en lugar de retornar a sus países de origen, convirtiéndose en beneficiarios netos permanentes y desafiando la viabilidad del seguro social. Normalmente, la población que tiene arraigo en un territorio puede verse ayudada por otro "Estado de Bienestar" que ha sido muy depauperado en las últimas décadas: la familia. Esto fue fundamental en la crisis económica de 2008 en países como España. Recordemos que en los países nórdicos los hijos se suelen ir de casa a muy temprana edad -ayudados por el "estado de bienestar"-, haciendo mucho más débiles los vínculos familiares.

El Dilema Progresista y la Erosión de la Cohesión Social

Más allá de las cifras contables, la inmigración masiva y la diversidad cultural plantean un desafío fundamental a la legitimidad normativa del Estado de Bienestar, lo que David Goodhart denominó el "dilema progresista". La solidaridad que sustenta los altos impuestos en Escandinavia se basa tradicionalmente en el sentimiento de "estar en el mismo barco", una cohesión que algunos autores consideran dependiente de la homogeneidad cultural. Cuando el Estado de Bienestar empieza a percibirse como un sistema donde "nosotros" pagamos para que "ellos" reciban, el consenso social se erosiona. En Dinamarca y Noruega, esto ha facilitado la movilización política de partidos de derecha populista que utilizan el "chovinismo de bienestar" para argumentar que los recursos limitados del Estado deben reservarse exclusivamente para los ciudadanos nativos o residentes de larga duración. Por ejemplo, en España está pasando algo parecido con el concepto de "prioridad nacional", que alude a este tema que ya lleva muchos años siendo un problema en otros países.

La fragmentación social también afecta a los partidos socialdemócratas, que se ven atrapados entre sus valores de solidaridad internacional y la necesidad de proteger la sostenibilidad del modelo para su base electoral tradicional de clase trabajadora. El riesgo es la aparición de una "subclase étnica" marginada del mercado laboral y dependiente de subsidios, lo que no solo crea tensiones sociales sino que debilita el contrato social intergeneracional al quebrar la premisa de que todos los ciudadanos capaces deben contribuir mediante el trabajo. Si un porcentaje alto de los trabajadores ven reducidos sus salarios, y además una parte importante del mismo va a parar a otras personas, esos trabajadores se preguntarán ¿dónde está ese Estado del Bienestar?

Respuestas Institucionales: De la Universalidad a la Condicionalidad

Para corregir estas distorsiones y salvaguardar el modelo, países como Dinamarca han liderado una transición desde el universalismo puro hacia una mayor condicionalidad y activación. Se han introducido requisitos de residencia estrictos para acceder a la totalidad de los beneficios sociales. Por ejemplo, en Dinamarca, actualmente se requiere haber residido 9 de los últimos 10 años para calificar para la asistencia social completa (kontanthjælp), recibiendo en caso contrario beneficios de integración reducidos (entre el 50% y 80% del nivel estándar) (Andersen 2025). Asimismo, se han reforzado las políticas de "Workfare", vinculando la recepción de subsidios a la participación obligatoria en programas de formación, búsqueda activa de empleo o trabajos comunitarios, con el fin de mejorar la integración laboral de los inmigrantes. Algunos expertos sugieren que para que el modelo sea "robusto ante la inmigración", se deben establecer tres pilares: 1) elevar los estándares mínimos salariales para evitar el dumping social financiado indirectamente por el Estado, 2) transformar los subsidios en servicios en especie (como cuidado infantil gratuito en lugar de cheques en efectivo exportables) y 3) hacer que el seguro de ingresos dependa más de la participación activa. Estas medidas, aunque controvertidas por alejarse del principio de igualdad absoluta, se presentan como una estrategia necesaria para evitar un desmantelamiento general del Estado de Bienestar y preservar la generosidad del sistema para los residentes permanentes ante las presiones de un mundo globalizado. Recordemos que ningún sistema es bueno si ese sistema no es mínimamente sostenible en el tiempo, de no serlo terminará desapareciendo completamente.

Caso español

En contraste con el modelo escandinavo, el Estado de bienestar español enfrenta un problema estructural de precariedad laboral caracterizado por una de las tasas más altas de "trabajadores pobres" (aquellos en riesgo de pobreza a pesar de tener empleo), superando el 12% según datos de 2019. Aunque España muestra una brecha de empleo muy pequeña entre la población nativa y la inmigrante de fuera de la UE (apenas 3-4 puntos porcentuales), lo que sugiere una incorporación más rápida de los extranjeros al mercado de trabajo que en el norte de Europa, esto ocurre bajo un intercambio o trade-off donde se acepta una mayor desigualdad salarial y precariedad a cambio de un gran volumen de empleo. Es decir, España ha apostado por la mano de obra barata y masiva. Esto implica un grave problema social cuando la economía deja "de ir bien", ya que esa población carece del "estado de Bienestar" familiar y va a depender del "Estado de Bienestar" estatal.

Conclusión

Todo lo anterior nos muestra la complejidad de estos modelos económicos-sociales y como las simplezas de nuestros políticos, tanto de corte "progresista" como de corte "conservador", hacen imposible un análisis lo más objetivo posible de los problemas que atañen a los "países occidentales" en un mundo globalizado capitalista. De hacer sostenibles estos sistemas depende su futuro.

Bibliografía

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