El ferrocarril convencional cumple una función social

El ferrocarril no es únicamente un medio de transporte: es, ante todo, una infraestructura social. A lo largo de la historia contemporánea de España, el tren ha cumplido una función esencial en la vertebración del territorio, permitiendo la conexión regular entre ciudades, pueblos y comarcas que, de otro modo, quedarían aisladas. Esta función ha sido especialmente relevante en el caso del ferrocarril convencional de media y larga distancia, cuyo valor no reside tanto en la velocidad como en la capilaridad, la accesibilidad y la continuidad del servicio. Durante décadas, la red ferroviaria convencional permitió articular el espacio español mediante una malla de estaciones y frecuencias que favorecía la movilidad cotidiana, el acceso a servicios básicos y el mantenimiento de la actividad económica en zonas rurales y en ciudades de pequeño tamaño. El tren era, en muchos casos, el único medio de transporte público estable para amplias áreas del interior peninsular, cumpliendo una función de cohesión territorial que iba más allá de criterios estrictamente económicos.

Sin embargo, en el fatídico 1992, España quiso salir de su complejo de inferioridad respecto a "Europa", y las políticas públicas de transporte comenzaron a priorizar de forma casi exclusiva el desarrollo del tren de alta velocidad (AVE) como eje central del sistema ferroviario. Este modelo, orientado fundamentalmente a la conexión rápida entre grandes ciudades, ha tenido como consecuencia directa el debilitamiento progresivo de la red convencional. La supresión de líneas, la reducción de estaciones intermedias y el descenso de frecuencias han afectado de manera desproporcionada a los territorios menos poblados, precisamente aquellos que más dependían del ferrocarril como servicio público.

La lógica del AVE, basada en la rentabilidad por volumen de viajeros y en la reducción del tiempo de viaje entre nodos principales, tiende a ignorar la dimensión social del transporte. Es decir, el tren es España ha pasado de ser un medio de vertebrar el territorio a un negocio lucrativo. Allí donde el tren deja de parar o pasa a hacerlo de forma testimonial, se pierde no solo una conexión física, sino también un vínculo simbólico y funcional con el resto del país. Esta dinámica contribuye a reforzar procesos de despoblación, al dificultar la movilidad laboral, educativa y sanitaria, a destruir la pertenencia a una comunidad nacional y a hacer menos atractiva la permanencia o el asentamiento en esas zonas.

Desde esta perspectiva, la defensa del ferrocarril convencional no supone una oposición al progreso tecnológico, sino una reivindicación del equilibrio territorial. Un sistema ferroviario justo no puede medirse únicamente en minutos ahorrados entre capitales, sino en su capacidad para garantizar el derecho a la movilidad y la igualdad de oportunidades. Recuperar y fortalecer el tren de media y larga distancia convencional es, por tanto, una apuesta por un modelo de país más cohesionado, donde el ferrocarril vuelva a cumplir un papel social que no debería haberse perdido nunca. Si alguien argumenta: "Es que Europa nos obliga", la respuesta debería ser "nosotros necesitamos un tren con función vertebrado del territorio, ¿el liberalismo aplicado al tren nos lo ofrece?, la respuesta es: NO".