Con la independencia de Ucrania en 1991, se produjo un proceso de construcción nacional que buscaba reforzar la soberanía cultural y lingüística única. Sin embargo, este periodo también coincidió con un auge de posturas nacionalistas excluyentes, promovidas por sectores políticos que defendían un país homogéneo lingüísticamente, en el que el ucraniano fuera la única lengua oficial. En este sentido, son políticas similares a las que se sufren en determinados territorios españoles donde los ultranacionalistas gobiernan las autonomías intentando imponer un idioma sobre el otro. Aquí la idea de idioma como sustituto de la raza (tan mal vista tras la IIGM) aparece de forma preocupante. Estas corrientes crearon un relato en el que el ruso representaba no solo un idioma extranjero, sino también un símbolo histórico de dominación rusa. A lo largo de la década de 1990 y los años 2000, estas ideas se tradujeron en políticas que favorecían la enseñanza del ucraniano en la educación pública y la administración estatal, aunque el ruso seguía siendo utilizado de manera generalizada en la vida cotidiana, especialmente en el este y sur del país. Es decir, el ultranacionalista ucraniano castigaba al idioma ruso y a sus hablantes, que eran tan ucranianos como ellos.
Este episodio refleja un patrón recurrente: mientras la legislación buscaba afirmar la soberanía y consolidar una identidad nacional ucraniana, también debía equilibrarse con los derechos culturales y lingüísticos de las minorías. La tensión entre estas dos prioridades sigue siendo central en la política ucraniana contemporánea. Aunque las leyes posteriores reforzaron el estatus del ucraniano como único idioma oficial en la administración, la educación pública y los medios estatales, no prohibieron el uso del ruso en la vida privada, la cultura o los medios no estatales. Es decir, el ruso no tiene estatus oficial en Ucrania a pesar de ser el idioma de casi el 30% de la población. En la práctica, Ucrania sigue siendo un país ampliamente bilingüe, con millones de ciudadanos rusoparlantes que mantienen su lengua materna de manera natural. Pero, como he dicho antes, los nacionalistas siempre piensan a largo plazo, y el objetivo es eliminar "la lengua no propia". El mismo pensamiento que los ultranacionalistas catalanes, vascos o gallegos practican en las regiones que dominan hegemónicamente en España.
Si España tratará a cualquier lengua española como ha tratado al ruso en las últimas décadas el gobierno ucraniano y su constitución, seriamos tildados de intransigentes. Las dobles varas de medir de la UE. En Ucrania, por el contrario la promoción del ucraniano como lengua oficial es interpretada por el resto de países de la UE como un acto de recuperación histórica frente a la subordinación lingüística rusa, lo que explica que la UE y países como España no cuestionen la política lingüística ucraniana.
La situación se complicó con la invasión rusa de 2022, que vinculó simbólicamente el ruso con la agresión militar. Esto ha acelerado la consolidación del ucraniano en la administración, la educación y los medios estatales. Si bien esta política refuerza la soberanía nacional, también plantea preguntas sobre la protección de los derechos lingüísticos de la población: millones de rusoparlantes se encuentran en un entorno donde su lengua materna ya no es la dominante en los espacios oficiales. Esto genera tensiones éticas y políticas, especialmente en relación con la educación de los niños y el acceso a servicios públicos en su lengua. Recordemos que va contra los derechos de la infancia que un niño en su país no pueda estudiar en su lengua materna.
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Legalidad internacional: la secesión de un Estado soberano sin su consentimiento viola la Carta de la ONU y el principio de integridad territorial. Las únicas particiones aceptadas legalmente se dan en contextos excepcionales, como la descolonización, con reconocimiento internacional. Ceder territorio a un agresor militar crearía un precedente peligroso, premiando la conquista por la fuerza.
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Demografía mixta: millones de rusoparlantes viven fuera del este, y millones de ucranoparlantes residen en las regiones orientales. Una partición generaría minorías vulnerables en ambos Estados, aumentando el riesgo de desplazamientos, violencia y violaciones de derechos humanos, como se evidenció en las particiones históricas de Europa en el siglo XX.
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Factores geopolíticos: los objetivos de Rusia incluyen no solo la protección de los rusoparlantes, sino también el control estratégico del territorio, acceso al mar y la industria, con la intención de preservar sus fronteras de la amenaza de la OTAN. Una partición parcial no garantizaría la paz, sino que podría abrir nuevas demandas o conflictos encubiertos.
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Impacto económico y administrativo: la fragmentación debilitaría la economía, la administración y la gobernanza de ambos territorios, aumentando la dependencia de terceros y reduciendo la estabilidad regional.
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Descentralización administrativa y política, otorgando competencias significativas a las regiones sobre educación, cultura y servicios públicos.
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Garantías legales para la educación en la lengua materna, de modo que los niños rusoparlantes puedan estudiar en su idioma materno.
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Programas de reconciliación y protección de minorías, supervisados por organismos internacionales, para fomentar la integración y reducir tensiones. Todos son ucranianos, independientemente de su lengua materna.
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Procesos democráticos verificables, como referendos locales supervisados internacionalmente en caso de cambios territoriales, siempre con protección de las minorías.
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Acuerdos de seguridad multilaterales, con participación de actores neutrales para prevenir represalias y asegurar la convivencia.
En conclusión, la historia y política lingüística de Ucrania demuestra que la promoción del ucraniano como lengua oficial responde a la reafirmación de soberanía y reparación histórica. Esto último es entendido por los ultranacionalistas (en España también los sufrimos) como castigo sobre la lengua que ellos consideran como "no propia". La partición del país sería legalmente complicada, moralmente arriesgada y socialmente inestable. En cambio, la descentralización, la protección de derechos lingüísticos y la supervisión internacional constituyen la vía más democrática y realista para garantizar la paz, la estabilidad y la protección de todas las comunidades lingüísticas en Ucrania. Parece acuciante que el ultranacionalismo ucraniano y la beligerancia rusa den paso a personas más razonables. Pero con el contexto geopolítico actual, esto sería un auténtico milagro.